asuntos pendientes a 31 dic. 2025
crecimiento de la pendencia, pese a resolver más
jueces por 100.000 hab. en España vs. 17,4 de media europea
A 31 de diciembre de 2025, los juzgados y tribunales españoles tenían 4.673.596 asuntos pendientes de resolver. Ese año los tribunales resolvieron un 2% más de asuntos que el anterior —7.437.033 en total— y, aun así, la pendencia volvió a crecer un 3,4%. La fotografía es contundente: trabajamos más y nos atascamos igual.
El dato no es una anomalía. Es la señal de que el sistema ha tocado su techo de productividad y que, sin un cambio de modelo, no puede absorber la demanda que recibe. En ese contexto conviene preguntarse, sin entusiasmos ingenuos pero también sin prejuicios, qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial.
Un sistema que ha tocado su techo
La comparación europea sitúa el cuello de botella en su contexto preciso. Según el informe CEPEJ del Consejo de Europa, España contaba con 11,92 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 17,43. En fiscales la distancia es mayor aún: 5,37 frente a 11,10. El contraste con la abogacía es llamativo: aproximadamente 300 letrados por cada 100.000 habitantes, el doble de la media continental. España invierte por encima de la media en Justicia por habitante, pero sobre una planta judicial insuficiente. El resultado lo sufre el ciudadano.
Dónde está entrando ya la IA
La inteligencia artificial no es aquí una promesa de futuro: ya opera dentro de los juzgados. El CENDOJ ha desplegado la suite KENDOJ, accesible desde la red privada del Consejo General del Poder Judicial, con herramientas operativas para jueces y magistrados: anonimización automática de resoluciones, generación de resúmenes mediante IA generativa y un asistente conversacional que permite interrogar documentos en lenguaje natural.
El elemento más relevante para la congestión son las funciones pensadas para la litigiosidad en masa. El comparador jurisprudencial detecta resoluciones prácticamente idénticas —reclamaciones por cláusulas suelo, gastos hipotecarios, retrasos de vuelos— y las agrupa, sugiriendo modelos resolutivos que el juez contrasta con el caso concreto. El sistema ha incorporado ya más de 130.000 relaciones gráficas entre resoluciones, artículos y criterios.
Las tareas que la IA puede realmente desatascar
La lección de estas experiencias es precisa: la IA no descongestiona resolviendo el pleito, sino liberando tiempo de tareas mecánicas para devolvérselo al juicio humano. Cuatro frentes son especialmente prometedores.
Identificar el patrón, agrupar demandas y proponer un modelo de resolución en reclamaciones repetitivas como cláusulas suelo o gastos hipotecarios.
Resumir expedientes voluminosos, localizar jurisprudencia por sentido —estimatorio o desestimatorio— y no solo por palabras clave.
Eliminar el trabajo administrativo de documentar actuaciones y acelerar la redacción de resoluciones judiciales.
Detectar dónde se acumula el atasco y reorientar recursos con criterio en lugar de hacerlo a ciegas, sobre datos reales.
La línea roja: garantías antes que velocidad
En abril de 2026, la Comisión Disciplinaria del CGPJ sancionó con 1.000 euros a un magistrado de Audiencia Provincial por haber volcado un expediente civil completo en una herramienta de IA comercial y abierta para redactar una sentencia. El episodio condensa los dos grandes riesgos: protección de datos personales de las partes y fiabilidad de la herramienta.
A ello se suma el fenómeno de las «sentencias fantasma»: citas jurisprudenciales inexistentes que los modelos generativos producen con apariencia verosímil y que ya han llegado a escritos procesales presentados ante los tribunales.
Cuatro millones y medio de asuntos pendientes son cuatro millones y medio de personas esperando una respuesta del Estado. La tecnología no resolverá sola un problema que es, en su raíz, de recursos y de organización. Pero ignorarla, con esos números encima de la mesa, sería difícil de justificar.
